José Guadalupe Bermúdez Olivares

La reciente reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, junto con la expedición de la nueva Ley de Adquisiciones, representa un parteaguas histórico para el sector cooperativo en México. Uno de los principales avances es la inclusión de las cooperativas como actores legítimos en los procesos de compras gubernamentales, una posibilidad que por décadas les fue negada debido a trabas legales, falta de reconocimiento institucional y exclusión sistemática. Esta apertura no solo democratiza el acceso al mercado público, sino que también fortalece los principios constitucionales de equidad, justicia social y fomento a la economía social y solidaria.

Mientras que para muchos esta reforma representa una oportunidad histórica para fortalecer y visibilizar al cooperativismo auténtico, algunas voces de la oposición identificados con el PAN, han lanzado severas críticas, acusando falta de consulta, centralismo y riesgos para la autonomía del sector.

Sin embargo, más allá de las diferencias legítimas, es fundamental aclarar qué propone realmente la reforma: permitir que las cooperativas, debidamente certificadas por el INAES, puedan participar como proveedoras en los procesos de compras del gobierno federal. Es decir, abrir el acceso a un mercado público que ha sido históricamente monopolizado por grandes empresas, excluyendo de facto a organizaciones de base comunitaria.

En este contexto, resulta preocupante que se difundan interpretaciones inexactas o incluso desinformación. Afirmar, como lo hace la derecha, que se pretende “burocratizar” o “cooptar” al movimiento cooperativo mediante la certificación es desconocer que esta medida busca, precisamente, distinguir a las cooperativas reales de aquellas que operan con el nombre sin cumplir con los principios de solidaridad, democracia y equidad.

La certificación no es para todos, sino para aquellos que desean ser proveedores del gobierno federal, no pretende imponer un control autoritario, sino garantizar que los recursos públicos destinados al fomento de estas proveedoras lleguen a quienes realmente trabajan bajo el modelo cooperativo. También facilitará que las dependencias gubernamentales puedan identificar, contratar y trabajar con cooperativas que cumplan con requisitos legales y de transparencia.

Otro punto cuestionado ha sido la facultad otorgada al INAES para dar fe de actos cooperativos. Esta medida, lejos de suponer una amenaza, busca facilitar la constitución legal de cooperativas en regiones donde el acceso al notariado es limitado o costoso. No se trata de reemplazar al notariado nacional, sino de habilitar una vía accesible y segura para las organizaciones sociales que desean formalizarse.

La reforma, impulsada por la presidenta de la República y aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados, no improvisa. Retoma una larga lucha del movimiento cooperativo por ser reconocido como actor económico legítimo y por tener acceso equitativo a los instrumentos del Estado. Es verdad que el cooperativismo estaba ignorado pero hoy se le otorga un papel clave en la construcción de un modelo económico más justo, inclusivo y sustentable.

Decir que esta reforma “desnaturaliza” al cooperativismo es no ver el bosque completo. Por el contrario, permite que las cooperativas se profesionalicen, se fortalezcan, y contribuyan a la transformación del país desde su esencia comunitaria y democrática. Por eso, en lugar de oponerse desde el prejuicio o el miedo, lo que corresponde es sumarse al proceso de reglamentación, acompañar con propuestas y asegurarse de que la implementación sea efectiva y justa.

El momento que vive el movimiento cooperativo no es menor. Esta reforma puede significar un nuevo ciclo de crecimiento y legitimación. Que las cooperativas entren en las adquisiciones del Estado no es un favor: es justicia. Y defenderla con convicción, claridad y verdad, es tarea de todos los que creemos en la economía social como camino para un México más digno.

Asimismo, la creación de un padrón de cooperativas certificadas permitirá consolidar un ecosistema institucional más ordenado, articulado y capaz de responder a las demandas sociales desde una lógica cooperativa. El reconocimiento oficial no solo abrirá acceso a compras públicas mediante la Tienda Digital del Gobierno Federal, sino que contribuirá a la profesionalización del sector y a su posicionamiento como una alternativa económica viable, ética y sostenible.

Por tanto, esta reforma ofrece un marco normativo renovado que no solo reconoce a las cooperativas como sujetos económicos relevantes, sino que las dota de herramientas concretas para participar en condiciones justas y equitativas en el ámbito público. La certificación, lejos de ser un obstáculo, será un mecanismo de fortalecimiento que permitirá distinguir a las verdaderas cooperativas, consolidar su legitimidad y promover una economía más democrática, transparente y al servicio de las comunidades.