José Guadalupe Bermúdez Olivares

El cooperativismo comunitario es una expresión específica, aunque no excluyente, de la amplia tradición cooperativa y solidaria que ha acompañado a los pueblos en sus esfuerzos por organizar la producción, el consumo y la vida social de manera más justa. No pretende desacreditar otras formas de organización económica o asociativa; por el contrario, reconoce que la diversidad de iniciativas: empresas familiares, asociaciones civiles, sociedades mercantiles con responsabilidad social, organizaciones comunitarias y múltiples esquemas híbridos, forman parte del dinamismo social. Sin embargo, sostiene con claridad que una cooperativa, para ser tal en sentido pleno, debe vivir de manera concreta y cotidiana sus siete principios y los valores cooperativos que la sustentan.

Estos principios: adhesión voluntaria y abierta; control democrático de los miembros; participación económica; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; e interés por la comunidad, no son meros enunciados normativos ni requisitos formales, constituyen la arquitectura ética y organizativa que diferencia a una cooperativa de cualquier otra figura jurídica. Cuando se debilitan o se reducen a formalidades, la cooperativa pierde su identidad transformadora y se convierte simplemente en un mecanismo productivo más.

En este sentido, la tradición filosófica del cooperativismo tiene raíces profundas. Desde los Pioneros de Rochdale en 1844 hasta los desarrollos contemporáneos de la economía social, el cooperativismo ha sido concebido como una escuela práctica de democracia económica. Robert Owen, uno de los referentes del socialismo utópico, sostenía que las condiciones de vida moldean el carácter humano y que, por tanto, era necesario transformar el entorno económico para posibilitar relaciones más solidarias. Aunque su propuesta tenía límites propios de su tiempo, su intuición central sigue vigente: la organización colectiva del trabajo puede generar nuevas formas de convivencia social.

Más tarde, pensadores del desarrollo como Amartya Sen plantearon que el desarrollo no debe reducirse al crecimiento del ingreso, una cooperativa que funciona democráticamente no solo produce bienes o servicios: amplía capacidades, genera agencia colectiva y fortalece la libertad sustantiva de sus integrantes. El desarrollo, entonces, no es únicamente acumulación económica, sino fortalecimiento del poder de decisión de las personas sobre sus propias condiciones de vida.

Ahora bien, dentro del universo cooperativo, el cooperativismo comunitario posee características particulares, mientras que toda cooperativa debe vivir los siete principios, las cooperativas comunitarias incorporan una dimensión territorial y cultural más marcada, nacen de procesos colectivos enraizados en una comunidad específica: rural, indígena, periurbana o popular, y articulan de manera explícita la actividad económica con el fortalecimiento del tejido social, la identidad local y la defensa del territorio.

En ellas, el principio de “interés por la comunidad” no es un complemento, sino un eje estructurante. La cooperativa no opera únicamente para beneficio de sus socios inmediatos, sino como instrumento para dinamizar la economía local, generar empleo digno, evitar la migración forzada, impulsar la participación de mujeres y jóvenes, y promover prácticas productivas sostenibles. Su lógica no es la maximización del excedente individual, sino la reproducción ampliada de la vida comunitaria.

Asimismo, el cooperativismo comunitario suele integrar dimensiones que van más allá de la producción: educación popular, formación política, rescate cultural, comercio justo, consumo consciente y articulación con otras cooperativas para construir circuitos económicos propios. Aquí cobra fuerza el sexto principio, la cooperación entre cooperativas, como estrategia para disputar espacios al mercado concentrado mediante redes solidarias que integren producción, transformación, financiamiento y comercialización.

No obstante, es importante subrayar que el carácter comunitario no exime del cumplimiento riguroso de los principios cooperativos. Una cooperativa que se denomine “comunitaria” pero que concentre decisiones en unos cuantos, que no rinda cuentas a sus socios o que distribuya beneficios de manera inequitativa, contradice su propia esencia. La identidad cooperativa no se proclama; se practica. Se vive en la asamblea informada y deliberativa, en la transparencia administrativa, en la participación efectiva de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en la educación permanente de sus miembros, en la construcción de acuerdos y en la responsabilidad compartida frente a dificultades.

El cooperativismo comunitario también tiene un impacto político en sentido amplio, aunque no partidista. Al democratizar decisiones económicas, redistribuye poder. Al reducir la dependencia de intermediarios, fortalece la autonomía local. Al crear empleo con reglas acordadas colectivamente, combate la precarización. En este punto, converge con tradiciones críticas que han buscado humanizar la economía. Sin asumir dogmas cerrados, dialoga tanto con el pensamiento cooperativista clásico como con corrientes del socialismo utópico que imaginaron comunidades productivas basadas en la cooperación y no en la competencia.

Su aporte más significativo quizá no sea solo económico, sino civilizatorio. En un contexto global marcado por desigualdades persistentes, crisis ambientales y fragmentación social, el cooperativismo comunitario ofrece una práctica concreta para reconstruir confianza, generar reciprocidad y afirmar que la economía puede estar al servicio de la vida. No plantea la negación de todas las formas organizativas existentes, pero sí propone un estándar ético claro: que la actividad económica debe sustentarse en la dignidad humana, la participación democrática y la responsabilidad social.

Para avanzar hacia una producción agroecológica auténtica, respetuosa de los ciclos naturales, de la biodiversidad y de la salud del suelo, se requiere algo más que técnicas agrícolas sustentables; se necesita una forma de organización que garantice coherencia ética en toda la cadena productiva. En este sentido, la cooperativa comunitaria se presenta como la mejor alternativa, porque integra a quienes producen, transforman y, en muchos casos, consumen, bajo principios democráticos y de corresponsabilidad. No se trata únicamente de cultivar sin agroquímicos, sino de construir relaciones económicas justas, transparentes y solidarias que aseguren precios dignos para el productor y alimentos sanos para las personas.

Además, al estar arraigada en el territorio, la cooperativa comunitaria asume un compromiso directo con la tierra y con la comunidad que habita ese espacio. La decisión sobre qué producir, cómo hacerlo y cómo distribuirlo no responde exclusivamente a señales de mercado, sino a acuerdos colectivos que consideran el cuidado ambiental, la salud de las familias consumidoras y la sostenibilidad a largo plazo. De este modo, la agroecología deja de ser un nicho comercial para convertirse en una práctica integral de vida, donde ética, economía y comunidad se articulan en un mismo proyecto transformador.

Lo esencial, en última instancia, es comprender que el cooperativismo no es un simple instrumento empresarial, es una pedagogía social, es una experiencia cotidiana donde se aprende a deliberar, a compartir riesgos y beneficios, a ejercer derechos y asumir responsabilidades. Cuando vive plenamente sus principios y valores, y cuando se enraíza en la comunidad para transformarla, se convierte en un actor estratégico en la construcción de una nueva economía y, con ella, de una sociedad más justa, solidaria y democrática.