José Guadalupe Bermúdez Olivares

El 8 de marzo, reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una fecha de alta visibilidad política, social y mediática. Sin embargo, su potencia transformadora depende del tipo de análisis que se realice. Más allá de los discursos conmemorativos o las cifras anuales sobre brechas de género, el 8 de marzo interpela el modelo económico que estructura las relaciones sociales y que determina quién produce, quién cuida, quién decide y quién acumula.

Desde una perspectiva del cooperativismo y de la economía para la vida, el análisis del 8 de marzo exige una lectura estructural que vincule género, poder económico y organización social. La desigualdad de género no es únicamente un problema cultural ni exclusivamente jurídico; está profundamente anclada en la forma en que se organiza la producción y distribución de la riqueza.

Este artículo sostiene que las cooperativas, cuando encarnan auténticamente sus principios, pueden constituir plataformas estratégicas para la autonomía económica de las mujeres y para la democratización del poder económico, particularmente en contextos rurales y periurbanos como los de Michoacán. A partir de una articulación entre teoría cooperativa, economía feminista y experiencia organizativa territorial, se propone que el 8 de marzo debe leerse como un llamado a reorganizar la economía desde abajo, colocando la vida en el centro.

En el debate contemporáneo pueden identificarse al menos tres niveles de análisis en torno al 8 de marzo:

1. El nivel simbólico-institucional, que reconoce avances históricos y promueve discursos de empoderamiento.
2. El nivel estadístico-descriptivo, que presenta datos sobre brechas salariales, violencia de género o participación laboral.
3. El nivel estructural-crítico, que interroga las bases económicas que sostienen dichas desigualdades.

Es este tercer nivel el que permite comprender que la desigualdad de género no es una anomalía del sistema económico, sino uno de sus engranajes constitutivos. La división sexual del trabajo, la sobrecarga de cuidados no remunerados y la precarización laboral femenina son expresiones de un modelo que externaliza los costos de la reproducción social hacia los hogares, particularmente hacia las mujeres.

La economía feminista, desde autoras como Silvia Federici, Amaia Pérez Orozco o Nancy Fraser, ha mostrado que el capitalismo moderno se sostiene sobre una economía invisibilizada del cuidado. Sin el trabajo doméstico y comunitario realizado mayoritariamente por mujeres, la fuerza de trabajo no podría reproducirse. Sin embargo, ese trabajo no aparece en las cuentas nacionales ni es reconocido como generador de valor. El 8 de marzo, entonces, no puede limitarse a un acto protocolario. Es una fecha política que cuestiona el orden económico que coloca la acumulación por encima de la vida.

El cooperativismo surge históricamente como respuesta a las desigualdades generadas por la Revolución Industrial. Desde la experiencia de los Pioneros de Rochdale en 1844, el movimiento cooperativo propuso principios de ayuda mutua, control democrático y distribución equitativa de excedentes. Hoy, la Alianza Cooperativa Internacional reconoce siete principios cooperativos que orientan la práctica de estas organizaciones:

1. Adhesión voluntaria y abierta.
2. Control democrático de los miembros.
3. Participación económica de los socios.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación, formación e información.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

Estos principios no son meras declaraciones éticas; constituyen una arquitectura institucional alternativa al modelo empresarial tradicional basado en la maximización de ganancias y la concentración del capital. Desde la teoría económica, las cooperativas pueden entenderse como organizaciones de propiedad colectiva y gobernanza democrática que redistribuyen el poder de decisión sobre los medios de producción. En términos de economía política, representan una forma de socialización del capital sin mediación estatal centralizada.

En clave de género, esta democratización del poder económico abre un espacio fundamental: permite que las mujeres no sean únicamente fuerza de trabajo subordinada, sino sujetas económicas con capacidad de decisión. La economía para la vida, inspirada en corrientes de economía solidaria, pensamiento latinoamericano crítico y perspectivas del buen vivir, propone colocar la reproducción de la vida como finalidad central de la organización económica. Esta visión converge con la economía feminista en tres dimensiones clave:

1. Centralidad del cuidado. Ambas reconocen que la sostenibilidad de la vida depende de actividades históricamente invisibilizadas.
2. Crítica a la lógica de acumulación. La maximización del lucro no puede ser el criterio rector de la organización social.
3. Necesidad de democratización económica. Sin redistribución del poder productivo, la igualdad formal es insuficiente.

Desde esta perspectiva, el cooperativismo se convierte en un puente práctico entre teoría y transformación concreta. No es solo un discurso alternativo, sino una herramienta organizativa capaz de materializar relaciones económicas más igualitarias. La desigualdad de género no se experimenta de manera homogénea. El territorio importa.

En el estado de Michoacán, las condiciones socioeconómicas muestran una alta presencia de población rural, comunidades indígenas y sectores agroalimentarios. En estos contextos:

• Las mujeres participan activamente en actividades agrícolas y de transformación alimentaria.
• Asumen responsabilidades de cuidado ampliadas.
• Enfrentan limitaciones de acceso a financiamiento, propiedad de la tierra y capacitación técnica.

En municipios rurales y en zonas periurbanas de Morelia, por ejemplo, es común encontrar mujeres organizadas en grupos de producción artesanal, agroecológica o de servicios, pero con escaso reconocimiento institucional y limitado acceso a cadenas de comercialización justas. La precarización no solo es salarial; es también organizativa. Muchos emprendimientos femeninos permanecen en la informalidad o dependen de intermediarios que capturan la mayor parte del valor agregado. Aquí es donde la figura cooperativa adquiere relevancia estratégica.

Cuando las cooperativas se estructuran desde un enfoque comunitario y con perspectiva de género, pueden generar transformaciones en al menos cinco dimensiones:

1. Autonomía económica. La propiedad colectiva permite distribuir excedentes de manera equitativa y evitar la concentración del ingreso en manos de intermediarios o capital externo.
2. Formación y conciencia. El principio cooperativo de educación genera procesos formativos que fortalecen capacidades administrativas, técnicas y políticas.
3. Redes de apoyo. Las cooperativas funcionan como espacios de solidaridad que reducen la vulnerabilidad individual.
4. Participación democrática. La asamblea como órgano supremo posibilita la voz y el voto de las mujeres en decisiones estratégicas.
5. Transformación cultural. La práctica democrática cotidiana cuestiona patrones patriarcales internalizados.

Sin embargo, es necesario subrayar que la figura jurídica por sí sola no garantiza la igualdad. Existen cooperativas que reproducen desigualdades internas si no incorporan conscientemente una perspectiva de género.

En Michoacán, el cooperativismo agroalimentario ha crecido de manera significativa en las últimas décadas, impulsado por procesos de organización territorial y por la búsqueda de alternativas frente a la volatilidad de los mercados agrícolas. En múltiples municipios, la participación femenina es mayoritaria en:

• Procesos de transformación de alimentos.
• Comercialización local.
• Organización de cajas de ahorro comunitarias.
• Producción artesanal con identidad cultural.

Estos procesos han demostrado que cuando las mujeres acceden colectivamente a:

• Capacitación técnica,
• Asesoría legal,
• Certificación de productos,
• Redes de comercialización solidaria,

sus ingresos mejoran y su posición en el hogar y la comunidad se fortalece. No obstante, persisten desafíos estructurales:

• Acceso desigual a la propiedad de la tierra.
• Dificultades para acceder a créditos formales.
• Sobrecarga de trabajo doméstico que limita la participación plena.
• Políticas públicas fragmentadas y de corto plazo.

Desde una perspectiva de política pública, la eficacia de las intervenciones no debería medirse únicamente en número de beneficiarias, sino en la capacidad de generar estructuras económicas sostenibles y democráticas. Muchas políticas dirigidas a mujeres han operado bajo un enfoque asistencial o de microemprendimiento individual. Si bien estos programas pueden aliviar necesidades inmediatas, no transforman las relaciones estructurales de poder económico. El cooperativismo ofrece una vía distinta: promueve soluciones colectivas y permanentes.

La diferencia entre un apoyo temporal y una organización cooperativa radica en que esta última construye patrimonio colectivo, genera identidad comunitaria y redistribuye poder. El 8 de marzo, desde esta óptica, debería abrir un debate nacional y local sobre:

• Cómo fortalecer cooperativas lideradas por mujeres.
• Cómo incorporar la perspectiva de género en la gobernanza cooperativa.
• Cómo articular políticas públicas con procesos organizativos territoriales.

Si se toma en serio el significado histórico del 8 de marzo, vinculado a luchas laborales y demandas de justicia social, su conmemoración no puede desligarse de la transformación. Colocar la vida en el centro implica:

• Reconocer el trabajo de cuidados.
• Redistribuir responsabilidades entre Estado, mercado y comunidad.
• Democratizar el acceso a los medios de producción.
• Garantizar participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones.

En territorios como Michoacán, donde convergen desigualdades de género, clase y etnia, el cooperativismo comunitario puede convertirse en una pieza estratégica para avanzar hacia una economía más justa. El 8 de marzo no es una fecha ornamental; es un punto de inflexión para cuestionar las bases económicas que sostienen la desigualdad de género.

Desde el cooperativismo y la economía para la vida, la igualdad no se reduce a representación simbólica ni a inclusión en mercados desiguales. Exige democratización económica real. El caso de Michoacán muestra que existen experiencias concretas donde las mujeres, organizadas colectivamente, han comenzado a disputar espacios de poder productivo y comercial. Sin embargo, la consolidación de estos procesos requiere:

• Políticas públicas coherentes y de largo plazo.
• Formación cooperativa con perspectiva de género.
• Redes intercooperativas sólidas.
• Reconocimiento del valor económico del cuidado.

No habrá transformación social profunda sin transformación económica. Y no habrá transformación económica verdadera sin la participación protagónica y organizada de las mujeres. El desafío del 8 de marzo es, entonces, trascender la conmemoración y avanzar hacia la construcción cotidiana de una economía que no explote la vida, sino que la sostenga y la dignifique.