José Guadalupe Bermúdez Olivares

En los días recientes se discutieron en diversos espacios del movimiento cooperativo en México, lo relativo a la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas y otras leyes, en especial la de adquisiciones del poder ejecutivo. En este tema el Consejo Superior del Cooperativismo estuvo muy constante en sus análisis, se ofrece aquí uno de ellos que sontetiza una propuesta que se hizo llegar previo al análisis del grupo parlamentario de economía social, para la antesala a la discusión de plenaria de la Cámara de diputados.

El cooperativismo en México es un pilar fundamental del sector social de la economía, reconocido en el artículo 25 de la Constitución Política. A pesar de su potencial para fomentar el desarrollo económico con justicia social y sostenibilidad, las cooperativas han enfrentado barreras estructurales que limitan su participación en la economía formal y en procesos clave como las adquisiciones públicas. La reciente propuesta legislativa impulsada por el Consejo Superior del Cooperativismo (COSUCOOP) y apoyada por el grupo parlamentario de MORENA busca revertir esta situación mediante la incorporación de medidas normativas que fortalezcan y legitimen al sector cooperativo, promoviendo su inclusión efectiva en el mercado público.

Esta iniciativa propone dos cambios centrales a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: la implementación del pronto pago a las cooperativas proveedoras del Estado y la asignación de un porcentaje mínimo obligatorio de adquisiciones gubernamentales al sector social. Ambas medidas tienen el objetivo de eliminar las barreras administrativas que dificultan la participación de las cooperativas en las compras públicas, mejorar su liquidez y fomentar su sostenibilidad operativa.

El pronto pago es una medida clave que establece que las dependencias gubernamentales deberán realizar los pagos a las cooperativas en un plazo no mayor a ocho días naturales tras la entrega de bienes o servicios. Esta disposición responde a uno de los principales problemas que enfrentan las cooperativas: la falta de liquidez derivada de retrasos en los pagos gubernamentales, que pone en riesgo su continuidad operativa. Con esta medida, se asegura que las cooperativas puedan mantener sus operaciones, fortalecer su capacidad productiva y competir en igualdad de condiciones con empresas privadas.

La propuesta también establece que un mínimo del 15% del presupuesto anual destinado a adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá asignarse a organizaciones del sector social, incluyendo cooperativas, sociedades mutualistas, ejidos y empresas sociales. Esta medida busca garantizar una participación activa del sector social en la economía nacional, diversificar los proveedores del gobierno y reducir la concentración de contratos en grandes empresas privadas. Además, fomentaría el desarrollo económico local, ya que muchas cooperativas tienen un fuerte arraigo comunitario y generan empleo en regiones vulnerables.

La regulación propuesta tiene múltiples beneficios que pueden contribuir al fortalecimiento del sector cooperativo:

• Legitimidad y Reconocimiento Institucional: La inclusión explícita de las cooperativas en la Ley de Adquisiciones refuerza su legitimidad como actores económicos serios y confiables.
• Transparencia y Diversificación: La participación obligatoria del sector social fomenta la transparencia en los procesos de adquisición pública y diversifica el mercado de proveedores.
• Fomento de Economías Locales: La inclusión de cooperativas en los procesos de compras públicas impulsa el desarrollo económico regional, creando empleo y fomentando prácticas sostenibles.
• 4. Capacitación y Profesionalización: Las cooperativas certificadas podrán acceder a programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento, lo que contribuirá a su profesionalización y sostenibilidad.

Riesgos y Desafíos

A pesar de los beneficios potenciales, la iniciativa también enfrenta ciertos riesgos que deben considerarse para evitar efectos contraproducentes:

• Riesgo de Burocratización: Si el proceso de certificación de cooperativas es excesivamente complejo o costoso, podría excluir a organizaciones pequeñas o en formación.
• Control Excesivo: La certificación debe diseñarse con un enfoque de tutelaje y acompañamiento, evitando convertirse en un mecanismo de control político o burocrático.
• Discrecionalidad en la Asignación de Recursos: Es fundamental que la asignación de contratos y la certificación se realicen bajo criterios claros y transparentes para evitar favoritismos.

Hacia un Modelo de Certificación Inclusivo y Eficiente

Para maximizar el impacto positivo de esta regulación, se propone un modelo de certificación basado en dos niveles:

• Certificación Inicial: Dirigida a cooperativas en formación, con acceso limitado a contratos públicos y acompañamiento técnico del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
• Certificación Plena: Para cooperativas consolidadas que cumplan con todos los requisitos normativos y puedan acceder a los beneficios completos de la ley.

Este modelo debe incluir mecanismos de apelación, participación de federaciones cooperativas y programas de capacitación obligatoria, garantizando que el proceso sea accesible, equitativo y orientado al fortalecimiento del sector.

La iniciativa legislativa propuesta por COSUCOOP representa un paso crucial hacia la consolidación del sector cooperativo en México. Al establecer medidas normativas claras y accesibles, como el pronto pago y la asignación mínima de presupuesto, se busca transformar a las cooperativas en actores clave de la economía nacional. Sin embargo, para que esta regulación cumpla con su propósito, es fundamental que se diseñe con un enfoque de inclusión, flexibilidad y transparencia, evitando burocratización excesiva y asegurando que las cooperativas pequeñas también puedan beneficiarse de estas políticas. Con estos ajustes, la regulación puede convertirse en un motor de desarrollo económico con justicia social, fortaleciendo la economía social y solidaria en México.